En una situación alarmante que refleja la gravedad de la minería ilegal en Perú, el departamento de Puno ha sido escenario de violentos enfrentamientos relacionados con disputas territoriales por actividades mineras ilícitas. Estos incidentes, que se han centrado en los distritos de Coasa y Limbani, han culminado en la muerte de al menos una persona y la desaparición de otras quince, además de provocar heridas y daños materiales y ambientales.
Según reportes de medios locales como Pachamama Radio, estos conflictos se han intensificado en los últimos días, evidenciando la escalada de violencia que acompaña a la economía ilegal en la región. La minería ilegal, que mueve más dinero que el narcotráfico en el país, ha causado estragos no solo en La Libertad sino también en Puno, una región que tradicionalmente ha sido un epicentro de la minería en Perú.
El subprefecto de Coasa, Rodolfo Churqui, relató que el 29 de noviembre se produjo una emboscada en el distrito, una situación que había sido anticipada sin éxito por la comunidad de Chiwi, quienes habían solicitado protección. El alcalde de Coasa, Jesús Choquenaira Málaga, confirmó el saldo trágico del enfrentamiento: un fallecido, seis heridos y quince desaparecidos. Entre los heridos se encuentra Luis García Paco, un joven de 23 años, cuya muerte ha sido reportada por RPP.
La minería ilegal en Puno es una fuente de constante inseguridad para los ciudadanos, con grupos ilegales recurriendo a armas de fuego, dinamita y machetes. La Municipalidad Distrital de Coasa ha hecho un llamado urgente al Gobierno para un diálogo que aborde y resuelva esta crisis creciente.
La Fiscalía de Puno, a través de su representante del medio ambiente, Óscar Giménez, reconoció en una entrevista con Radio La Decana la dificultad de controlar la minería ilegal en la región. A pesar de existir numerosas empresas mineras formales registradas en el REINFO, la presencia de actividades ilícitas es generalizada y plantea un desafío significativo para las autoridades.
Este conflicto no solo impacta la seguridad y el bienestar de los habitantes de Puno sino que también afecta el desarrollo económico y social de la región. La minería, siendo uno de los pilares económicos del Perú, se ve empañada por estas actividades ilegales que amenazan el medio ambiente, la estabilidad social y el estado de derecho.
En respuesta a esta situación, se ha suspendido la realización de los Juegos Olímpicos Municipales Provinciales Carabaya 2023 como medida de precaución. Este escenario en Puno es un claro ejemplo de cómo la minería ilegal puede desestabilizar regiones enteras, y resalta la necesidad urgente de una acción coordinada y eficaz por parte del Gobierno y las autoridades locales para combatir este flagelo.
