El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) han interpuesto solicitudes ante la Corte Suprema con el objetivo de asumir jurisdicción sobre 32 concesiones en disputa, parte de las 174 propiedades pertenecientes a la empresa Macusani Yellowcake. Esta acción representa un último esfuerzo por revertir un fallo previo a favor de Macusani, anunciado por la empresa matriz, American Lithium Corp., que busca impulsar un proyecto minero de litio en la región de Puno.
Litio, proyectos y relevancia económica
«Tras nuestro reciente trabajo, Falchani se ha posicionado como el cuarto proyecto más grande de litio en roca dura a nivel mundial, y Macusani Uranio es uno de los proyectos de uranio en preconstrucción más grandes del mundo, ambos con un potencial significativo para atraer inversiones adicionales», afirmó Simon Clarke, director ejecutivo de American Lithium.
Ambos proyectos tienen el potencial de posicionar al Perú como un actor relevante a nivel mundial en la producción de minerales y productos críticos, vitales para el avance hacia una nueva economía energética sostenible.
Disputa legal y visión empresarial
El jefe de American Lithium, Clarke, expresó su descontento respecto a los intentos de ciertos funcionarios dentro del Ingemmet y el Minem por prolongar la disputa legal, describiendo el esfuerzo como decepcionante y considerándolo un obstáculo en el camino hacia el desarrollo del litio en el país.
Clarke resaltó el deseo manifestado por el Gobierno peruano de acelerar el desarrollo del litio como un recurso industrial crucial. En este contexto, considera que revivir y prolongar este caso legal contradice esa intención y va en contra del interés público y la evolución económica propuesta.
Expansión económica y desarrollo sostenible
El litio se ha posicionado como un componente clave en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. La importancia de su extracción y producción se refleja en el interés de múltiples actores por asegurar su acceso y explotación adecuada, respetando los intereses legales y las políticas gubernamentales.
Esta disputa legal no solo involucra intereses comerciales sino que también impacta la percepción sobre la inversión extranjera y la seguridad jurídica en el sector minero del país, aspectos cruciales para el desarrollo económico y la estabilidad a largo plazo.
