En el período comprendido entre 2023 y 2026, la inversión minera en Perú, relacionada con diez nuevos y expansivos proyectos mineros, podría verse en peligro debido a los procesos burocráticos gubernamentales y los conflictos sociales, advierte el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Se estima que estas dificultades podrían poner en riesgo inversiones por valor de US$ 5.829 millones.
La organización empresarial destaca que los plazos para los procedimientos y la concesión de permisos están obstaculizando la actividad minera, ralentizando su ritmo de crecimiento. «Países como Canadá, Australia y Chile superan con creces a Perú en la concesión de estos permisos», señala Óscar Chávez, director del IEDEP de la CCL.
Chávez añade que «obtener un permiso de explotación temprana puede tardar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile, pero en Perú el plazo es casi de año y medio. Esto afecta el atractivo de inversión, especialmente en tiempos de precios crecientes de los minerales».
Enfatiza que la lentitud de estos procesos es de gran preocupación, ya que no solo afecta a los nuevos proyectos, cuyas aprobaciones para permisos pueden tardar hasta tres años, sino también a los proyectos mineros que buscan expandir su vida útil. Este es el caso de la mina Inmaculada en Ayacucho, que se aproxima a su etapa final de operación y busca expandir su vida útil hasta el año 2041 con una inversión de US$ 4.436 millones.
Chávez lamenta que «si no hay cambios en los cronogramas de estos diez proyectos, el gobierno podría asegurar la inyección de aproximadamente US$ 1.500 millones anuales durante el período 2023-2026. Esta cifra es inferior a los US$ 2.000 millones anuales que se esperaban para ese período hace algunos años».
Asegura que la razón principal de esta disminución es que «la cantidad de proyectos cancelados o postergados ha sido mayor a la cantidad de proyectos nuevos o con inicio programado».
Chávez reitera que la tramitología y las demoras en los permisos, además de los conflictos sociales y las protestas antimineras, han hecho que Perú pierda competitividad en inversiones mineras. Subraya que «si Perú no acelera medidas concretas para fomentar las inversiones mineras, es muy probable que sigamos perdiendo terreno en el mercado mundial. Aún estamos a tiempo de actuar».
