Con una nueva prórroga de 60 días, el estado de emergencia busca reforzar la lucha contra las actividades mineras ilegales, una amenaza persistente para la región y el medio ambiente.
El Poder Ejecutivo de Perú ha dado un paso adicional en su esfuerzo por combatir la minería ilegal en la región de Madre de Dios, una zona rica en biodiversidad pero también asolada por actividades mineras no autorizadas. A través del decreto supremo 131-2023-PCM, publicado hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se anunció la extensión del estado de emergencia en cinco distritos clave del departamento.
Esta medida, que entra en vigor a partir del 3 de diciembre, se aplicará en los distritos de Inambari, Las Piedras, y Laberinto de la provincia de Tambopata, así como en los de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu. La prórroga, que se extenderá por un periodo de 60 días, es un reflejo de la gravedad de la situación en la región, donde la minería ilegal ha causado no solo daños ambientales significativos, sino también conflictos sociales y desorden.
El estado de emergencia en esta región de la selva peruana se declaró inicialmente el 7 de abril, con sucesivas prórrogas, la última a partir del 4 de octubre. Esta continuación de la medida es una respuesta a las recomendaciones de la Comandancia General de la Policía Nacional de Perú, que enfatiza la necesidad de “continuar realizando operaciones policiales tendientes a combatir y neutralizar la minería ilegal y sus delitos conexos”, que incluyen la delincuencia común y el crimen organizado.
La minería ilegal en Madre de Dios no solo constituye un problema de orden público, sino que también tiene un impacto devastador en uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Esta actividad contribuye a la deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad, lo que hace que la lucha contra ella sea crucial para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.
Durante el estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas tendrán la tarea de mantener el orden interno. Su accionar estará regulado por los decretos legislativos que establecen los parámetros para el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales y militares. Además, se espera que la PNP presente un informe detallado sobre las acciones realizadas durante el periodo de prórroga del estado de emergencia, dentro de los cinco días posteriores a su finalización.
Este esfuerzo renovado para controlar y erradicar la minería ilegal en Madre de Dios es un testimonio de la seriedad con la que el gobierno peruano aborda este problema. La región, conocida por su extraordinaria biodiversidad y su importancia ecológica, requiere de una acción decidida y sostenida para proteger sus recursos naturales y garantizar un futuro próspero y sostenible para sus habitantes. La lucha contra la minería ilegal no es solo un desafío de orden público, sino también una cuestión de responsabilidad ambiental y social.
