Mientras la minería legal enfrenta una merma en su producción, la actividad minera ilegal ha mostrado un crecimiento exponencial, especialmente en la región de Madre de Dios, desafiando los esfuerzos por estabilizar la economía peruana y salvaguardar el medio ambiente.
En un contexto de incertidumbre económica y complejidades políticas en Perú, la minería ilegal ha experimentado un crecimiento de hasta un 400% en la región de Madre de Dios, contrastando agudamente con la disminución de la producción de oro formal del país. Esta última, que ha registrado una caída del -1.5% de enero a agosto de 2023, mantiene una tendencia a la baja que se ha sostenido durante la última década.
De acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), la producción de oro formal en Perú disminuyó drásticamente de 164 millones de gramos finos en 2010 a 97 millones en 2022, con una contracción marcada a dos dígitos a partir de 2019. Esta disminución se atribuye tanto a la falta de exploración, que no ha permitido expandir las reservas auríferas, como al incremento de la minería ilegal, ahora estrechamente vinculada al crimen organizado.
En la actualidad, la minería informal e ilegal extrae aproximadamente 2.2 millones de onzas de oro, lo que representa un preocupante 39.3% de la producción aurífera nacional. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), mientras que siete grandes empresas gestionan el 43.9% de esta explotación, el 56.1% restante está en manos de la minería de mediana, pequeña escala y artesanal.
El fenómeno de la minería ilegal no se limita a una localidad; se ha extendido por 22 ríos y sus afluentes en 32 distritos de la Amazonía, alcanzando regiones como Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Madre de Dios. Esta expansión se ha documentado en una investigación realizada por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que destaca el aumento de las operaciones ilícitas también en seis provincias del norte, cuatro del sur medio y tres de la selva central.
El impacto financiero de esta minería ilegal es alarmante, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportando que, entre 2013 y 2023, esta actividad ilícita ha acumulado más dinero que el narcotráfico, con un monto de US$ 8,216 millones.
En «La Pampa», zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, la minería ilegal no solo se ha mantenido sino que ha crecido exponencialmente, según reportes de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Se ha observado un aumento del 400% en la presencia de maquinaria y personal ilegal en los últimos dos años, y un triplicado de pozas contaminantes de 788 a 2,550 hectáreas desde 2021.
Ante esta situación, Gustavo Ramírez, líder del Grupo de Trabajo de Minería Informal e Ilegal de la Snmpe, propone un marco normativo y político integral que controle no solo los insumos de la minería ilegal, sino también las plantas de procesamiento que comercializan el mineral. La UIF debería jugar un papel crucial en el seguimiento de transacciones sospechosas asociadas al lavado de activos.
Además, se sugiere potenciar el Sistema de Inteligencia Nacional para identificar y actuar en territorios afectados por la minería ilegal, identificar a los financistas y redes criminales implicadas, y concluir el proceso de formalización minera sin más dilaciones. Se aboga por la creación de un sistema nacional de trazabilidad que exija la certificación desde la extracción hasta la exportación del oro, promoviendo así una industria minera que sea legal, transparente y respetuosa con el medio ambiente y las comunidades.
