A pesar de que el Perú cuenta con una cartera minera valorada en más de US$ 53,000 millones, se ha identificado una falta de proyectos significativos que impulsen este sector después de Quellaveco.
De acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), se espera una disminución del 18.9% en la inversión minera este año (US$ 4,670 millones), y se estima que en el 2024 también se mantenga a la baja con un 8.7%. Ante esta situación, surge la pregunta sobre cuándo se dará la recuperación.
Con el objetivo de atraer el interés de los inversionistas hacia el Perú, el Poder Ejecutivo ha anunciado que para diciembre de 2023 se aprobará el 100% de las certificaciones ambientales de nueve proyectos mineros. Estos incluyen la ampliación de Toromocho, la construcción del proyecto San Gabriel, la planta de cobre Río Seco, Zafranal, Yanacocha Sulfuros, así como los proyectos de reposición de Antamina e Inmaculada, entre otros.
En una entrevista con Gestión, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, señaló que una de las razones detrás del retroceso en la inversión minera en el país durante el 2023 es la falta de proyectos de gran envergadura, como Quellaveco y la postergación del proyecto Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones). Además, mencionó que los altos costos de los insumos también han afectado a muchas empresas, lo que ha llevado a la postergación de inversiones.
Si bien la conflictividad social es otro factor a considerar, Castilla destacó que actualmente la lentitud en la aprobación de los estudios de impacto ambiental y los permisos de operación para los proyectos mineros es un problema relevante. En comparación con otros países como Canadá, Estados Unidos y Australia, los inversionistas encuentran una mayor predictibilidad y costos regulatorios más bajos, lo que los hace más atractivos para las inversiones mineras.
Para reducir significativamente los plazos de aprobación de los proyectos, Castilla propuso una mayor coordinación entre las entidades involucradas en los procesos, como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernap), el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entre otros.
Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), coincidió en que la autoridad ambiental debería ser una sola entidad para agilizar los permisos ambientales. Actualmente, el proceso implica que los permisos sean enviados a varias instituciones para obtener sus opiniones, lo que ralentiza el proceso. Gobitz recomendó que el país cuente con una sola autoridad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
A pesar del actual panorama de inversión minera en el Perú, tanto Castilla como Gobitz estiman que habrá una recuperación en el 2025, debido a la continuada demanda de metales impulsada por la transición energética.
Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, destacó la necesidad de agilizar los permisos de exploración minera. Señaló que, en el caso de estos proyectos, cuyo impacto ambiental es leve a moderado y siempre remediable, no debería haber demoras en los permisos. Cardozo espera que se cumpla el anuncio del Ejecutivo de otorgar nueve permisos en el 2023 y propuso eliminar la consulta previa en la etapa de exploración, ya que considera que no tiene justificación en este proceso.
En resumen, para reactivar la inversión minera en el Perú se plantean estrategias como acelerar la aprobación de proyectos, centralizar los permisos en una sola entidad ambiental, mejorar la coordinación entre las entidades involucradas y agilizar los permisos de exploración. A pesar de los desafíos actuales, se espera una recuperación en el 2025 impulsada por la demanda de metales y la transición energética.
